Este 2019 será un año de intensos debates de interés para los trabajadores, tenemos la responsabilidad de seguir y leerlos atentamente. Por un lado, se discutirá en el congreso una eventual reforma al sistema previsional, cuestión que nos preocupa a todos los trabajadores de Chile. Por otra parte, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg ha redactado un documento junto a un equipo de expertos con una serie de propuestas para “modernizar las relaciones laborales” lo que en estricto rigor supone la realización de una “reforma a la reforma” laboral vigente.

Uno de los aspectos más polémicos de este documento, se refiere a la incorporación de un sistema alternativo a la indemnización por años de servicio. Actualmente los trabajadores tenemos derecho a percibir una indemnización por despido la cual consiste en un mes por año de servicio con un tope de 11 años, límite impuesto a partir de la entrada en vigencia del Código Laboral elaborado por José Piñera en 1981, que en un principio constaba de un tope de 5 años y posteriormente, en el primer gobierno de la concertación se elevó a 11 años. Actualmente el gobierno está proponiendo un nuevo sistema alternativo en el que pueda coexistir con el régimen actual,  una indemnización de medio mes por año de servicio con tope de 11 años a todo evento, es decir, por motivo de despido o renuncia.

Parlamentarios de oposición y líderes del mundo sindical se han opuesto a esta controversial propuesta, señalando que lo mejor es dejar este aspecto tal cual como está pues esta reforma abre la puerta a un modelo de “trabajadores a mitad de precio”. Uno de los principales argumentos de esa medida se sustenta en la movilidad laboral, sin embargo, según el abogado laboral José Luis Ugarte, si ese fuera el verdadero argumento “su proyecto sólo tendría una norma: otorgar indemnización en caso de renuncia. Pero como esa es la excusa, su proyecto agrega la parte que le importa: rebaja la indemnización por necesidades de la empresa. De 11 a 6 meses como tope” Cuestión que evidenciaría el objetivo de este proyecto que busca rebajar el costo laboral en las empresas y facilitar los despidos o “movilidad forzada”

Esta propuesta también limita y disminuye el poder de las organizaciones sindicales en materia de huelga, negociación colectiva y titularidad sindical y representa un duro revés para los trabajadores, tema que abordaremos próximamente.

La única garantía de resguardar nuestros derechos es que las organizaciones sindicales no bajemos la guardia y estemos alertas y pendientes del curso de estas iniciativas legales que podrían impactan directamente a nuestras familias, en un contexto de expansión de la red de Metro y de la incorporación irreversible de tecnología automatizada.
La alerta está activada, ampliaremos la información.